El dato rápido:

La Corte Constitucional derogó la Ley de Financiamiento que había entrado en vigor desde el primero de enero del 2019, con el argumento de vicios en su trámite que impidieron que los representantes a la Cámara contaran con el tiempo suficiente para estudiar y conocer el texto. Para evitar un vacío legal, el efecto del fallo se aplicará desde enero de 2020.

Así las cosas, el Gobierno Nacional tendrá que radicar un nuevo proyecto de manera urgente que recoja los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley de financiamiento, que debería quedar aprobado antes de finalizar el presente año. Si esto no sucede, se aplicarán las normas tributarias vigentes hasta el 31 de diciembre de 2016 . Con este fallo de la Corte, quedan sin piso jurídico los temas relevantes introducidos con la Ley 1943 tales como: reducción gradual de la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas (del 33% al 30%); reducción de la renta presuntiva (al 1.5% por dos años y posteriormente al 0%); beneficios para la economía naranja; la sobretasa del sector financiero, el impuesto al consumo del 2% para inmuebles con valor superior a $918 millones; la posibilidad de tomar el ICA pagado y el IVA cancelado en la compra de activos fijos bienes de capital como descuento tributario, esto último implica que en el caso de empresas que tengan planeado adquirir bienes de capital, tengan que acelerar dichas compras para antes de que finalice el presente año con el objeto de poder aprovechar el IVA pagado como descuento tributario en su renta de 2019, entre otros.

Al inversionista extranjero el Gobierno le está transmitiendo un mensaje de incertidumbre sobre el país, no está garantizando estabilidad jurídica, tributaria y económica, afectando la generación de nuevas empresas, el cierre de entidades de capitales extranjeros, la creación de nuevos empleos, impidiendo el aumento del PIB nacional, llevando a revisar y modificar sus planeaciones fiscales, además de una pésima imagen ante las calificadoras de riesgo internacional.